El Gobierno de Rodríguez Zapatero -un «rojo radical amigo de Chávez» según lo presentaba la prensa derechista «sin complejos»-, ha empezado a perpetrar las reformas neoliberales y recortes antisociales que, en estos últimos años, le han venido exigiendo la CEOE, el Banco de España y los batallones de economistas y comentaristas que copan las tertulias de radio y televisión. Cierto es que Zapatero dio finalmente el paso convencido por Obama, Sarkozy y Mérkel, pues parece que el inglés, el francés y el alemán son idiomas más apropiados que el castellano para que la izquierda progresista de «este país» acepte definitivamente el «hecho inevitable» de que la salida a la crisis provocada por los financieros será a costa de los trabajadores. El líder del PSOE sale convertido con tal furia que hasta Esperanza Aguirre le da la bienvenida a la «ortodoxia liberal».
Hace dos años, con el rescate público de grandes bancos de inversión y compañías de seguros hundidas a consecuencia del desmadre especulativo animado por las políticas de desregulación financiera, los especuladores parecían haber quedado avergonzados y los mismos dirigentes atlánticos nos anunciaron la necesidad de «refundir» el capitalismo. Unos cuantos advertimos que esperar un capitalismo rectificado a sí mismo era estúpido. El rescate público de sociedades especuladoras en quiebra representaba un paréntesis intervencionista en la «economía de libre mercado» que aplicaba la medida, ya clásica, de socializar compañías cuando sus capitalistas tienen pérdidas, y devolvérselas cuando obtienen beneficios.
Pero tal operación era más perversa aún: aquel intervencionismo para salvar a los especuladores tenía el objeto de endeudar más a los estados para que los propios mercaderes de capital compraran esa deuda, y así poder luego determinar la política económica y social de las naciones. Las medidas impulsadas por el gobierno de nuestra nación y aprobadas por las Cortes generales confirman que siguen las directrices de las finanzas internacionales.
Con la reforma laboral se agilizan y abaratan los despidos. Una primera fórmula contempla que cualquier «situación económica negativa» -donde cabe una momentánea caída de la facturación, o una simple depreciación de los activos- sirva para que el despido improcedente comporte una indemnización de apenas 20 días por año. Una segunda fórmula consiste en universalizar el contrato fijo con indemnización de 33 días con un máximo de 24 mensualidades, frente a los 45 ordinarios con un máximo de 42 mensualidades. Encima, el despido sale más fácil y barato gracias a la financiación pública de parte de sus costes. Con la excusa de frenar la temporalidad -la más alta de la UE-, los contratos indefinidos ya no serán sinónimo de estabilidad, sino un nuevo contrato de «o aceptas nuevos abusos laborales o a la calle».
Además de reducir el salario de los empleados del estado, y de contraer drásticamente los presupuestos de Fomento destinados a obras públicas, se reduce la tasa de reposición de empleos públicos para proceder, no sólo a la privatización parcial de los servicios, sino a que sean empresas de empleo temporal quienes vayan sustituyendo los puestos de trabajo vacantes. Para estas contratas privadas no importa la capacidad, sino sólo cuánto está el asalariado dispuesto a dejar de cobrar y hacer horas de más. Asimismo, se anuncia el alargamiento forzoso de la edad de jubilación y el aumento de la base para el cálculo de la pensión a veinte años, a lo que se añade la actual congelación de las pensiones.
Pero siendo todo esto muy grave, lo peor es que se procede al desconyuntamiento completo de los derechos laborales del trabajador español: por lo pronto, el gobierno y las cortes generales han abierto la posibilidad de que las empresas se descuelguen de los convenios colectivos.
Ante esta ofensiva brutal no valen excusas para no movilizarse. Alegar que la huelga general tenía que haberse celebrado antes para no secundar la que, por fin, se convoca este 29 de septiembre, es un pretexto pueril. Recordar ahora que los sindicatos mayores -UGT y CCOO- son corruptos, ineficaces y subsidiados, justo en el momento en que se han visto arrastrados por sus bases a convocar la huelga, y hacerlo para no movilizarse, refleja, en el mejor de los casos, dejarse atrapar por filas y fobias particulares y olvidarse del verdadero desafío que actualmente se disputa, cuando no, sencillamente, estar a favor de intensificar los abusos y miserias sobre los asalariados, parados y pensionistas. Lo que nos debe importar es que trabajadores y jubilados tomen conciencia, se atrevan a movilizarse y luchen por sus derechos reales, no dividirse por causa de quien ha convocado la huelga. Decir que la huelga general no sirve para nada denota la típica actitud de los que esperan milagros o efectos instantáneos. Señalar que la huelga es insuficiente, para seguir sin hacer nada, es otra excusa miserable. Roma no se hizo en un día. Todas estas excusas llevan a lo mismo: a secundar la actitud de quienes se muestran de acuerdo con que la crisis provocada por los especuladores tengan que pagarla los trabajadores.
Prácticamente todos los medios escritos, radiofónicos y audiovisuales -locales y nacionales- han cerrado filas en torno a gobierno y oposición en contra de la huelga general. Arremeten contra los trabajadores porque no aceptan servicios mínimos que significarían reventar la huelga y hundir un derecho fundamental. Descalifican a los sindicatos por subvencionados, cuando esa prensa se halla aún más subvencionada que los sindicatos. Tergiversan cuando dicen que la reforma «socava el papel de los grandes sindicatos en los convenios colectivos», pues lo que hace la reforma laboral es socavar los propios convenios colectivos y el papel de cualquier tipo de sindicato. Asimismo, la prensa del régimen lanza una campaña histérica de criminalización de los huelguistas al hablar de «piquetes salvajes» y acusarlos de terroristas, cuando los auténticos terroristas son los patronos que amenazan con despedir a quienes vayan a la huelga sin presencia de piquetes. Una vez más, constatamos que la prensa del régimen -tanto la neoconservadora como la progresista, tanto la centralista como la nacionalista periférica- conforma cuerpos de un único Ejército Represivo: no son medios al servicio del público, sino que son portavoces de quien realmente les paga: los capitalistas.
Hemos de ser conscientes de la amplitud social e histórica del desafío actual y, en consecuencia, ser responsables y aportar a la realidad militante de este País un esfuerzo consciente y radical real. Por tanto, nos solidarizamos con esta huelga general, con sus justas reivindicaciones y denuncias, y apoyamos decididamente la movilización total frente al Régimen estatal y al Sistema liberal-capitalista.
No en defensa de los intereses particulares, sectoriales, corporativos, o de clase, sino por los intereses generales de la Nación, por el bien común y posible, por la defensa del Estado Social, de nuestro futuro y de nuestro pueblo.
